Explicó que el propósito del amparo es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revoque el auto de No Ha Lugar, que significa desestimar, descartar o sobreseer de cargos a los procesados, y dicte apertura de juicio de fondo en contra esas personas.
Comentó que en la impugnación al descargo de responsabilidad penal dispuesto por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso, hay dos motivos y elementos que el Ministerio Público resaltará.
El primero tiene que ver con un proceso bien instrumentado y la existencia de pruebas suficientes, donde se demostró la gran cantidad de bienes y riquezas que habían acumulado los imputados, constituida por inmuebles, dinero, aviones y helicópteros.
Añadió que los procesados no pudieron probar cómo de manera lícita obtuvieron esos bienes, como establece la constitución y las leyes, y que fue probado que acumularon millones de pesos como resultado del tráfico de influencias y de operaciones de triangulación, con la asignación de obras de manera mutua.
Insistió en que todos esos elementos que el Ministerio Público pretende presentar fueron elementos nuevos, fueron investigados, no fueron parte de procesos anteriores, como alegó el juez Moscoso.
Domínguez recordó a la judicatura, que cuando el sistema de contrapeso y el imperio de la ley pierden sus herramientas para que se aplique, se destruye la democracia y dejó claro que todo el mundo tiene que cumplir con lo que dice la ley, sean ricos o pobres.
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