En los datos publicados en el boletín número 27 del Observatorio de Políticas Sociales, titulado “Agua, un derecho no garantizado en República Dominicana”, sale a relucir que del 2002 al 2010 unos 302,435 hogares se sumaron a la lista de hogares que no se abastecen de agua proveniente de un acueducto, lo cual, para el Centro Bonó, pone de manifiesto que la capacidad del Estado para garantizar este derecho es muy limitada y tiende al empeoramiento.
Según el boletín, estos hogares se ven en la necesidad de recurrir a fuentes de agua que no reciben ningún tratamiento para garantizar su potabilidad, como son manantiales, ríos, arroyos, pozos, camiones tanque, entre otros. “Estas familias se exponen al riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico, como sucedió durante la epidemia de cólera de los años 2011 y 2012, que tuvo como principal mecanismo de infección el agua usada en algunas comunidades para bañarse o beber” apunta el boletín.
El Centro Bonó consideró urgente que se reconozca el acceso al agua potable como un derecho en la legislación dominicana y se establezcan los mecanismos para hacer posible esta meta.
La institución propuso la elaboración de una ley integral que reconozca de forma explícita el derecho igualitario de todos y todas a tener acceso al agua potable y que establezca un marco de protección de este recurso. Asimismo, apunta que es imperativo desarrollar acciones coordinadas, encaminadas a garantizar a la población el acceso a este derecho, entre las que señala mayor inversión y de más calidad, así como la integración de todos los sectores sociales a este proceso.
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