A través de un comunicado AI señala que Jean Robert Lores murió como consecuencia de los golpes recibidos por agentes de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional durante una redada de repatriación el 14 de mayo en el barrio El Tanque en la ciudad de Juan Dolio.
Según su hermano, quien estaba presente, agentes de la Dirección General de Migración, acompañados por oficiales de la Policía Nacional, iniciaron la redada a las 4 de la mañana e irrumpieron en la casa de Jean Robert Lores. Aparentemente, los agentes impidieron que Jean Robert Lores presentara su documentación, golpeándolo repetidas veces con las culatas de sus armas y dándole patadas una vez que estuvo en el suelo, señala la nota.
El hermano de Jean Robert Lores pidió a los agentes que le dejaran llevarlo al hospital, pero negaron a hacerlo. Según los testimonios de otros detenidos en la redada, solo después de sus reiteradas peticiones Jean Robert Lores fue llevado a un hospital, donde falleció nueves días después, el 23 de mayo debido a un paro cardiorrespiratorio a raíz de los heridos causados por la golpiza.
Jean Robert Lores, de 31 años, aparentemente tenía un visado de trabajo y trabajaba como carpintero.
Amnistía Internacional pide a las autoridades dominicanas que lleven a cabo una investigación exhaustiva, rápida, independiente e imparcial sobre la muerte de Jean Robert Lores.
“Es obligatorio que los responsables de su muerte deben ser llevados a la justicia, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse” dijo Javier Zúñiga Mejía Borja, asesor especial de Amnistía Internacional.
El documento señala que las ONG dominicanas que trabajan por los derechos de los migrantes denuncian continuamente expulsiones colectivas de migrantes haitianos porque se llevan a cabo en contravención de las normas internacionales de derechos humanos y porque los expulsados no disponen de un recurso de apelación.
“El caso de Jean Robert Lores es un caso emblemático de los abusos que sufren los migrantes haitianos en la Republica Dominicana. Discriminación, abusos verbales y físicos por parte de los agentes de la Dirección General de Migración y otras fuerzas de la seguridad, falta de respeto del debido proceso en las operaciones de expulsión son solamente algunas de las trabas que muchos de los trabajadores inmigrantes tienen que afrontar”, añadió Javier Zúñiga Mejía Borja.
“Es paradójico y de mal augurio que este caso de maltrato y muerte de una persona indefensa suceda en momentos que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Policía se está discutiendo en el Congreso Nacional, ley destinada a mejorar el respeto de los derechos humanos por la Policía Nacional”, señala la publicación hecha por el organismo Internacional.
Varios organismos de Naciones Unidas han expresado preocupación por las denuncias recurrentes de deportaciones masivas indiscriminadas y arbitrarias que afectan a personas de origen haitiano.
El escrito de Amnistía Internacional indica que el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial lamentó la supuesta falta de progreso del Estado Dominicano de enfrentarse a “la discriminación racial, xenofobia y demás formas conexas de intolerancia que afecta particularmente a la población afrodescendiente de color oscuro de origen dominicano y haitiano, y a la población haitiana en situación migratoria irregular.”
El Comité reiteró su anterior recomendación de “asegurar que las leyes de deportación no discriminen entre los no ciudadanos por motivos de “raza”, color u origen étnico o nacional, y solicita que los no ciudadanos no estén sujetos a deportaciones masivas y sin las debidas garantías”.
“Las expulsiones colectivas contravienen el protocolo de entendimiento sobre el mecanismo de repatriación acordado por los gobiernos dominicano y haitiano en diciembre de 1999. Al firmar dicho protocolo, la República Dominicana se comprometió a mejorar sus mecanismos de expulsión y formuló una serie de compromisos específicos, entre ellos no realizar repatriaciones en horas de la noche y permitir que las personas expulsadas recojan sus pertenencias y conserven sus documentos de identidad”, enfatiza Amnistía Internacional.
En octubre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable a la República Dominicana por la muerte de siete inmigrantes haitianos a manos de militares dominicanos que iban en un camión en la provincia de Monte Cristi en junio de 2000.
La Corte concluyó que debido al uso “ilegítimo, innecesario y desproporcional” de la fuerza, el Estado Dominicano había violado el derecho a la vida, y pidió a la República Dominicana reabrir la investigación del caso.
En la sentencia, la Corte recordó que el Estado debía adoptar “todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los migrantes”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades dominicanas que lleven a cabo una investigación exhaustiva, rápida, independiente e imparcial sobre la muerte de Jean Robert Lo
