Que los proventos municipales se cobran día a día por un empleado que viaja en una pasolita de puesto en puesto y que entrega el efectivo en la mansión del ex bigleaguer, es una fábula no comprobada que se cuenta en bares y colmadones.
Que los gastos del municipio se reiteran de año en año igualitos como si transcribieran de una memoria a la otra las mismas cifras, es un elemento del folclor político en un país donde nadie revisa la rendición de cuentas.
Lo que si se ha convertido en verdad certificada es el hecho de que en la gestión de Raúl Mondesí la emisión de cheques sin fondo, a propósito o no, es una realidad cotidiana ahora confirmada por el contralor municipal que se aprendió la parte de la ley que prevé prisión por la complicidad de un funcionario en este delito.
El hecho era un secreto a voces lamentado sobre todo por los trabajadores pobres que sin querer hablar en público y sin mostrar las pruebas para ello hacían la denuncia amparados en la anomia de los programas interactivos locales y nacionales. Y no es para menos, el cambio de un cheque que se conoce sin fondos de antemano implica el pago de una comisión.
El contralor municipal de San Cristóbal, Pedro Cordero Valverde, está asustado y el pasado 7 de mayo envió sendas comunicaciones al alcalde Mondesí y al director financiero del cabildo, Zenón González, advirtiéndoles sobre la práctica de emitir cheques sin fondo y sin la debida supervisión del departamento de auditoría.
El auditor expresa su preocupación por la constante violación de la ley 176-07 y le pide al alcalde “hacer un alto y tomar nuevas medidas las cuales nos ayuden a reedireccionarnos hacia un mejor futuro”.
El funcionario implora al alcalde un mejor uso de los recursos y le advierte que los recursos quedan muy por debajo, sobre los altos compromisos que presenta el cabildo. “Contamos con una nómina que casi duplica lo estipulado por la ley que es de un 25 por ciento, lo destinado a servicio e inversión se está gastando en pago de combustibles y alquiler de camiones”, dice.
Las comunicaciones del preocupado auditor están sustentadas en cheques pagados sin la debida verificación de auditoría. Varios de esos cheques están girados a favor de Julio Guillén, un afortunado oficial de la Marina que suple de combustible al cabildo con el más alto consumo de esos productos en el país. El Ayuntamiento de San Cristóbal consume 3 millones de pesos de combustible cada mes o lo que es lo mismo cien mil pesos diarios.
Si bien en su comunicación el auditor indica que la alcaldía duplica la nómina permitida por la ley municipal es imposible para un ciudadano comprobar esto. La razón es sencilla: la información sobre nómina que publica la Contraloría General de la República se origina en los datos de la Tesorería de la Seguridad Social y desde el día en que Raúl Mondesí asumió la dirección del ayuntamiento de San Cristóbal no se paga un centavo por ese concepto.
Según la Contraloría el ayuntamiento de San Cristóbal tiene los mismos empleados que hace tres años y la nómina es la misma. Como dato curioso esa nómina es la que refieren las ultimas memorias municipales; o sea, todos los números están cuadraditos excepto para los empleados que tienen tres años sin beneficio de seguridad social a pesar de que se les hacen los descuentos obligatorios.
Las memorias y los informes contables distribuyen los fondos municipales a la perfección aunque en San Cristóbal no se percibe así. Por ejemplo, según el informe del alcalde el año pasado se invirtieron 36 millones de pesos del llamado presupuesto participativo en 22 obras municipales. Una comisión de ediles comprobó que de las 22 obras solo se construyeron dos y otras dos están en proceso.
Otra discrepancia que pasa cuasi inadvertida en el informe municipal además de la falsa conclusión de obras es la atribución de gastos a la partida de inversión. En la memoria del año pasado hay 22 millones consignados al pago de deudas que aparecen como inversión.
La chatarra
El caso de la venta de chatarras merece un trato especial. El 13 de julio del 2011 el alcalde Mondesí envió una comunicación al presidente de la sala capitular solicitándole la aprobación para el descargo de vehículos chatarra que, según el funcionario, obstaculizaban las labores del departamento de transportación del cabildo.
La carta establece que los vehículos a ser descargados habían sido evaluados previamente por una comisión en la que participó el entonces encargado del taller, Ramón Sánchez. La comunicación de Mondesí es posterior a una similar del encargado del taller en la que solicitaba que la unidad fuera auditada para verificar el uso de unidades y piezas solicitadas y compradas por el cabildo.
La reiterada preocupación del encargado del taller, que envió otras tres comunicaciones a sus superiores explicándoles la necesidad de aumentar la seguridad, no logró conmover a nadie y menos al alcalde que lo despidió.
Las “chatarras” fueron vendidas por dos personas identificadas por una comisión investigadora como Nelson Daniel Figuereo y Wanda Figuereo por un monto de 1,914,073 pesos. Ninguno era empleado del municipio y según el informe de la citada comisión no se cumplió con un mandato que establece que “la descarga de desperdicios chatarras se haría previo a una evaluación de su correspondiente tasación que sería presentada al Consejo; pero resulta que hasta la fecha (julio 2011) el Consejo de regidores no conoce el documento de tasación y evaluación”.
El informe de la comisión investigadora añade que además de la lista de vehículos considerados como chatarra la alcaldía omitió informar que fueron descargados por la misma vía 200 contenedores de metal valorados al momento de la compra en 1,500 dólares y garantizados a 15 años por la empresa distribuidora. Junto a los contenedores se fue el equipo para lavarlos.
Sobre los vehículos vendidos como chatarra hay poco que decir. A juicio de los regidores que adversan a Mondesí algunos eran reparables. El Foro Municipal que participó en el reciente juicio en contra del alcalde organizado por la parroquia Nuestra Señora de la Paz dice que por lo menos tres camiones, tres ambulancias, un buldozer, una retroexcavadora y una camioneta eran reparables.
La acumulación de denuncias contra Mondesí inició a los dos meses del inicio de su gestión. Tres años después las pruebas se acumulan a pesar de su negativa a ofrecer información sobre el uso de recursos del municipio y a sus folclóricas memorias que reiteran los mismos datos de año en año.
Ahora, desde adentro, inician los temores de sus funcionarios que parecen recordar aquello de que la soga se parte por lo más fino.
Raúl Mondesí sigue imperturbable, la justicia de San Cristóbal no funciona para él, que tiene padrinos por encima de togas y malletes.
Altagracia Salazar
