La Policía ocupó a los tres imputados dos segmentos de viga con un peso de 225 libras de acero

SAN CRISTÒBAL.- Romero, uno de los imputados, es propietario de una metalero ubicada en Haina, que se dedica a comprar tapas de alcantarillas, barras de hierro, cables eléctricos y de telefonía, el cual entregó voluntariamente los cables sustraídos al puente.

Fernández Vélez calificó el robo de los cables del puente como un “acto de terrorismo, un sabotaje y un atentado a la seguridad interna del Estado”.

“Es es un caso relevante en la persecución del crimen organizado”, dijo.

Dijo que es un disparate el argumento de la jueza de que en contra de los imputados no se formularon cargos.

“Los soltó bajo el alegato de que el Ministerio Público no había hecho una formulación precisa de cargos”, se quejó el funcionario judicial.

“Esa jueza es una garantista unilateral a favor de los imputados y contrario a las víctimas”, precisó Fernández Vélez.

El robo de los rolos metálicos provocó que la parte central del puente El Cajuilito colapsara, porque la estructura fue dejada prácticamente sin soporte. En una línea en la que la iban cinco rolos los ladrones se llevaron cuatro.

Los rolos metálicos sirven de apoyo al puente, y cuando falla cualquiera de esas piezas se producen movimientos en la parte central de la estructura.

En el lugar, fueron encontrados la escalera, la segueta y el cincel utilizado por las personas que sustraían las piezas metálicas.

Debido a la magnitud de los daños fue necesario el cierre del puente y desviar del tránsito hacia la autopista 6 de Noviembre y la zona industrial de Nigua para garantizar la seguridad de los automovilistas.

También se pronunció contra la jueza Reyes Soto el diputado por San Cristóbal Tulio Jiménez.

Durante la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, Jiménez rebatió los argumentos de la magistrada para dejar en libertad a los imputados.

“Me pregunto si para salvar la vida de los ciudadanos de este país hay que crear una ley que diga que si hay un sabotaje, un atentado contra un pueblo o contra una provincia a ese ciudadano hay que apresarlo”, se preguntó el congresista.

Jiménez dijo que no se puede culpar al Código Procesal Penal, sino a los abogados, a los jueces y a los fiscales que dan la lectura que quieran a los casos, sea para salvar o para perjudicar.

UN APUNTE
Peligro

El diputado Tulio Jiménez dijo que el sabotaje al puente El Cajuilito puso en peligro la vida de unas seis mil personas que viajan todos los días desde y hacia San Juan, San Cristóbal, Baní y otras provincias del Sur del país.