Destacan que para el período enero-septiembre de este año, la Procuraduría General de la República contabiliza 112 feminicidios (126 hasta el día de hoy, según el Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres) y más de 54,200 denuncias de violencia intrafamiliar y de género, cifras escalofriantes que sitúan a nuestro país como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres.
Indican que “esta violencia -que en términos de morbi-mortalidad representa una crisis de salud pública peor que el dengue- es la manifestación más cotidiana y más mortífera de violación de derechos humanos en nuestro país”.
Señalan que la incapacidad manifiesta de las autoridades para hacer frente a este grave problema debe conducir a la adopción de nuevos enfoques, nuevas estrategias y nuevos presupuestos en el sector público. Pero también debe llevar a la ciudadanía a preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades en la perpetuación de este estado de cosas y qué podemos aportar a la búsqueda de soluciones.
“Visto que la violencia contra la mujer no es una simple cuestión delincuencial, sino un fenómeno ideológico y cultural que afecta al conjunto de la sociedad, debemos reconocer que la solución empieza con la lucha efectiva contra el machismo –o sea, contra todas las formas de superioridad, dominación y control ejercidas por los hombres sobre las mujeres”, indica el Colectivo.
Manifestaron que eso implica reconocer que los feminicidios no se van a detener mientras siga vigente la doble moral sexual que reduce la mujer a la condición de objeto sexual del varón, negándole agencia sobre su cuerpo y su vida.
Señalan que esto implica reconocer que la subordinación femenina y los privilegios masculinos que siguen siendo evidentes en todos los ámbitos son el caldo de cultivo de la violencia machista y que además, implica hablar de relaciones de poder en la casa y en la cama, y no sólo en la esfera jurídica o laboral. Sobre todo, implica desacralizar las certezas de la tradición y la religión que, tras el disfraz de una presunta rectitud moral, siguen legitimando la subordinación femenina.
“La reducción de la violencia machista exige igualmente poner fin de una vez por todas a la impunidad que beneficia a la mayoría de agresores. ¿Cuán efectiva puede ser una política pública contra la violencia que sólo cuenta con 17 unidades de atención y dos casas de acogida, frente a las más de 54,000 denuncias recibidas en lo que va de año? ¿Es justo culpabilizar a las víctimas de feminicidio por no denunciar previamente las agresiones sufridas, cuando las estadísticas nos dicen que de las casi 65,000 denuncias recibidas en el año 2011 sólo el 4% llegó a tribunales y sólo 66 agresores fueron condenados?”, se pregunta el Colectivo.
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
Destacan que tampoco hay que olvidar a las miles de niñas y adolescentes embarazadas cada año por hombres adultos en flagrante violación al Art. 396 de la Ley 136-03, una práctica que el Procurador prometió hace meses que iba enfrentar de forma implacable, sin que hasta el momento se conozca el primer sometimiento judicial por esta causa.
“Brillan asimismo por su ausencia las acciones judiciales contra la violación sexual de mujeres adultas, un crimen que pareciera no existir en el país a juzgar por la poca atención que recibe y el número ridículamente bajo de sometimientos por esta causa registrados cada año. ¿Y cómo dejar de mencionar la impunidad vergonzosa de que disfrutan los curas acusados de abusar de menores, como nos recuerdan el reciente descargo de Cordero Reyes en Bonao y la libertad absoluta que siguen disfrutando los implicados de Higuey, el Padre Johnny y los dos polacos?”, señalaron.
Manifiestan que ante este panorama desolador “nos preguntamos: ¿Es casual este grado alarmante de impunidad o más bien refleja las percepciones, prioridades y complicidades de un Estado y una sociedad que siguen concentrando el poder de manera desproporcionada en manos masculinas?”.
Finalmente, señalaron que la violencia machista que arropa el país y que se manifiesta en todas las clases sociales y en todos sectores religiosos obliga a una revisión crítica de los estándares éticos, normativos e ideológicos que pautan tanto la vida pública como el ámbito doméstico-familiar.
Aunque urge el cambio de estrategia y el aumento sustancial del presupuesto público destinados a combatir la violencia contra la mujer, éstos no serán suficientes mientras no transformemos la mentalidad machista profundamente arraigada en nuestra sociedad que la genera, promueve y perpetúa.
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