Falta de controles permitió que militares y policías entren al narco

Entre ellos hay sicarios prestos a ejecutar los crímenes por encargo, los ajustes de cuentas de las típicas vendettas por traición o para silenciar a implicados o a testigos.

Escrito por: MINERVA ISA
CACAOCITY, SANTO DOMINGO.- Hombres, armas y equipos de las Fuerzas Armadas y de la Policía se han puesto al servicio de los narcotraficantes. También agentes de la DNCD y el DNI, por falta de controles.

Algunos están presos, otros asesinados o extraditados, muchos se pasean libremente, siguen activos, convertidos en ojos y oídos del narcotráfico en los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, atentos a su labor de vigilancia, de protección a los capos y a la droga que trafican.

Entre ellos hay sicarios prestos a ejecutar los crímenes por encargo, los ajustes de cuentas de las típicas vendettas por traición o para silenciar a implicados o a testigos.

Desde sus respectivas posiciones les ofrecen sus servicios al crimen organizado, interceptan e interpretan mensajes codificados, rastrean llamadas sobre labores de inteligencia, silencian o revelan información, poniendo en alerta a los capos. Propician fugas o neutralizan acciones, flanquean la droga hasta su destino, la suplen en las cárceles, utilizan metralletas y fusiles, perros amaestrados, detectores de metales y otros equipos de alta tecnología, aprovechan las ventajas de pertenecer a cuerpos especializados, como el de Seguridad Aeroportuaria.

Dotaciones completas. Con mayor o menor responsabilidad, compensados con millones o miles de pesos, durante la última década creció escandalosamente la incursión de policías y militares de todos los rangos en la narcoactividad, acusando incluso a dotaciones completas: Mao, Villa Consuelo, Cotuí, La Vega, Bonao, Puerto Plata.

Uno tras otro, sin dar respiro al asombro de una ciudadanía consternada por la creciente criminalidad y la debilidad de los organismos de inteligencia del Estado, por el protagonismo de agentes de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, del Ejército y la Policía en el narco y la delincuencia, en el tráfico humano, el contrabando de armas y mercancías.

No exceden una decena los casos de oficiales de la PN y las FFAA acusados de narcotráfico que fueron develados entre 1970 y 1990, pero de 1990 a 2010 sobrepasan los cincuenta.

Aunque aún pocos, en los años noventa se produjeron escándalos que dieron un alerta, sin que se actuara a tiempo para evitar que ese flagelo contaminara los organismos de seguridad, para controlar la expansión y arraigo del crimen organizado. Por lo inusual entonces, sorprendió la detención el 24 de abril de 1991 en Barahona con tres kilos de cocaína de un oficial médico de la FAD, quien escapó de la sede de la Secretaría de las FFAA. Seis meses después, el 20 de octubre, ocurre otra extraña “fuga”, un ex teniente de la Marina adscrito al Cuerpo de Ayudantes Militares bajo arresto en la Base Naval 27 de Febrero, implicado en un contrabando de drogas detectado en un apartamento de Rolando Florián.

El presidente Joaquín Balaguer dijo que esos casos ponían en entredicho la disciplina de las FFAA. Pero sin sanciones ni controles, en los años siguientes aumentó la complicidad policial y militar con los narcos, el enriquecimiento ilícito de comandantes castrenses.

Las cuestionadas “fugas” quedaron bajo un velo de misterio, finalmente diluidas en el tiempo como otras que les sucedieron, dejando interrogantes sin respuesta. ¿Quiénes los ayudaron a huir, quiénes eran sus cómplices en las FFAA? Incógnitas como las que suscitan los militares y policías dados de baja que luego aparecen reintegrados.

En varias ocasiones, el Departamento de Estado norteamericano alertó a las autoridades dominicanas sobre la incursión de agentes en el narcotráfico internacional, pero los acuerdos concertados con la Agencia de los EU para el Control de la Droga (DEA) y otras medidas no neutralizaron la acción militar y policial en el trasiego de narcóticos, que se intensificó. El 2002 marcó un récord con más de 40 agentes acusados de narcotráfico, entre ellos cinco de la DNCD.

En lo adelante esa cifra se supera con creces, cientos de policías y militares de todos los rangos han sido cancelados y sometidos a la justicia por posesión o tráfico de drogas. Un gran revuelo provocó el caso Quirino en 2004, confirmándose que el narcotráfico había permeado instituciones clave, aflorando la ineficiencia o complicidad en los órganos de inteligencia del Estado. Las evidencias imponían un profundo arqueo, investigar, detectar las ramificaciones. Sin mayores trabas, los capos prosiguen sus operaciones, reafirmándose el posicionamiento de militares y policías narcotraficantes en puestos estratégicos y de poder.

Escándalos

El contubernio explosiona con indetenibles escándalos. Aterrada, en medio del continuo bombardeo de drogas, la ciudadanía se entera del asalto a Parmalat, de que investigan por una transacción de narcóticos a un piloto del helicóptero en que viaja el presidente Leonel Fernández. Sin salir del estupor, ocurre la masacre de Paya, Baní, el sometimiento a la justicia de un teniente coronel y un sargento mayor de la FAD adscritos a la DNCD por alegada complicidad con el trasiego de 95 kilos de cocaína. Escucha atónita que oficiales planearon el “tumbe” de Azua, que descuartizaron a un raso y le llevaron la cabeza a unos narcos colombianos.

Una cadena indetenible que engarzó nuevos cómplices con los implicados en la red del fugitivo capo José Figueroa Agosto, cuyas conexiones e influencia en los estamentos policiales y militares le dotaron de un carné del DNI y permisos de armas de las FFAA, le permitieron operar en RD diez años impunemente.